Es ley la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Por mayoría, con cinco votos a favor, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa del Gobierno nacional, que establece un marco regulatorio, entre otras medidas, para atraer empresas.

“Estamos de acuerdo con que el país necesite inversiones extranjeras directas. El capital extranjero es uno de los motores de una estrategia de desarrollo nacional como lo pensamos. Hubo en nuestra historia un caso exitoso de inversiones en esta naturaleza como lo fue el ferrocarril. Uno de los mayores desarrollos que tuvo nuestro país en manos de empresas británicas. La creación de este régimen de incentivos para grandes inversiones pretende incentivar, promover y asegurar grandes inversiones en actividades productivas para la reactivación de la industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, energía, petróleo y gas”. De esta manera, comenzó su alocución el miembro informante del bloque Cambia San Luis, Martín Olivero.

Con esta aprobación, la Provincia busca erigirse en un Estado propicio para el desarrollo de proyectos que aporten crecimiento y generen fuentes de trabajo. Abarca inversiones superiores a los 200 millones de dólares que contarán con ventajas impositivas, aduaneras y estabilidad fiscal por el término de 30 años.

El régimen es una herramienta a través de la cual se otorga seguridad jurídica y previsibilidad.

El senador Olivero expuso que esta adhesión coincide con las políticas fijadas por la administración gubernamental en cuanto al desarrollo productivo: “Se generarán las condiciones fácticas y jurídicas para potenciar el desarrollo productivo, se fortalecerá la competitividad, se creará y aumentará el valor de la producción”.

Y continúo: “Se cuidarán las fuentes laborales existentes y se promoverá la creación de nuevas oportunidades de trabajo. También la incorporación de valor agregado a los productos primarios en el territorio estimulando el desarrollo de la industria sanluiseña en sus diferentes ramas, se fortalecerá el tejido económico provincial, promoviendo la competitividad y la vinculación beneficiosa entre los diferentes actores productivos y económicos”.

San Luis no perderá el control sobre sus recursos naturales ni resigna facultades fundamentales al adherir al RIGI. El artículo 2 de la ley contempla que el Estado provincial preserva la soberanía sobre la gestión y administración de sus recursos, en consonancia con el artículo 121 de la Constitución Nacional. Se excluye la megaminería y la minería metalífera.

Desde Unión por San Luis presentaron un despacho por minoría de rechazo a la régimen nacional porque pone en riesgo los recurso naturales.

“Fomenta un modelo de desarrollo que ha demostrado ser insostenible en otras regiones de nuestro país y del mundo. Promueve la llegada de empresas extranjeras que operarán sin responder a los controles ambientales locales con la excepción fiscal de medida. Este régimen no solo cede nuestra soberanía ambiental, sino también jurídica, al establecer que cualquier norma provincial o municipal que obstaculice los intereses de estas grandes empresas será nula de la unidad absoluta”, expuso Sergio Moreira desde la oposición.

San Luis no cederá su capacidad de decisión: todas las inversiones que se realicen bajo el régimen deberán cumplir con la normativa provincial antes de obtener la aprobación a nivel nacional. “El artículo N°2 y 3 sostiene que la Justicia local deberá resolver si existiera algún conflicto”, dijo Olivero en declaraciones que formuló a la prensa.